Coalición Canaria presenta, un Modelo de Servidor Público.

Resulta totalmente inaceptable que un Director General de una Administración Autonómica se despache en un medio de comunicación diciendo que “A la Inspección General de Trabajo es para ponerle todas las pegas que pueda haber.” Esta es la transcripción literal de la frase que se recoge en la entrevista a Álvaro Pérez, Director General de Deportes del Gobierno de Canarias, que publica el diario La Provincia el pasado domingo 3 de abril.

Para ahondar más en la gravedad del asunto, no parece que hoy lunes este señor haya sido cesado de forma fulminante por quienes lo nombraron para el cargo. El cargo público que ostenta exige la colaboración con el resto de la Administración a la que también representa y desde luego no puede permitirse hacer semejantes llamamientos a la obstrucción a la labor inspectora y de control de ningún organismo público.

Pero aquí no ha pasado nada y este señor no sólo sigue en su puesto sino que además Coalición Canaria ha considerado que es la persona idónea para la alcaldía de Santa Brígida.

En un país en el que el Ministro de Trabajo anda planeando una amnistía para la economía sumergida tal vez no cause extrañeza el posicionamiento de este señor en cuanto a la fiscalización y el control que los poderes públicos deben ejercer sobre los ámbitos de su competencia.

Se queja además de que la Inspección le exigía a la Dirección General de Deportes que demostrara que una persona no había cobrado, cuando, según el criterio del Director General, sería esa persona la que tendría que demostrar que sí había cobrado. Con esto se permite encima cuestionar los procedimientos regulados en las leyes, al tiempo que demuestra una ignorancia letal sobre lo que una contabilidad pública bien justificada documentalmente puede probar, aquella en la que, si todas las salidas de fondos se documentan como es debido, no tiene que haber ninguna dificultad para que un perito dictamine si alguien cobró o no cobró.

Los votantes de Santa Brígida tienen ahora la responsabilidad de decidir si este señor, que gestiona un organismo de la Administración merced a un nombramiento, va a seguir en política pero esta vez elegido democráticamente. La papeleta, nunca mejor dicho, está servida.